Un líder de la industria, que se reunió con el presidente y el vicepresidente, y solicitó el anonimato para evitar represalias, describió la frustración generalizada entre los líderes de la atención de la salud del sector privado con el gobierno. Recordó una reunión “escandalosa” y “molesta” en la Casa Blanca en marzo, en la que el vicepresidente, Mike Pence, comenzó por incomodar a los profesionales de la salud con un apretón de manos, y luego trató de suavizar más de una hora de críticas que habían descargado sobre un alto funcionario del departamento de Salud y Servicios Humanos, simplemente afirmando que conseguirían resolver los problemas. “Era como si estuviéramos en dos realidades diferentes”, dijo el individuo. “Pude ver que el vicepresidente estaba en una burbuja”.
Los intentos del gobierno de Trump para hacer frente a la crisis de equipos de protección personal surgieron de un equipo de consultores no remunerados, muchos de ellos veinteañeros y con poca o ninguna experiencia en la atención de la salud, convocados por Jared Kushner, el yerno del presidente. Después de distribuir los restos de la Reserva Estratégica Nacional, el gobierno federal se centró en adquirir cualquier suministro que pudiera de los distribuidores médicos corporativos y del mercado gris, y luego los repartió a través de la FEMA. Un análisis de The Associated Press sugirió que a los estados rurales con brotes menos graves se les concedió más equipos de protección personal por caso confirmado que a los estados con brotes significativamente más peligrosos. Esto dio lugar a acusaciones de favoritismo político en una situación de vida o muerte, aunque el gobierno lo ha negado rotundamente.
El equipo de Kushner, mientras tanto, también estaba iniciando el Proyecto Puente Aéreo, un programa que agilizó el envío de equipos de protección personal de Asia a Estados Unidos al pagar para que se enviara por avión en lugar de por barco. Durante los primeros cuatro meses del brote, el Proyecto Puente Aéreo ayudaría a entregar 5,3 millones de respiradores y 122 millones de mascarillas quirúrgicas. Estas cifras, aunque cuantiosas, representan solo una pequeña fracción de los 3500 millones de respiradores que Kadlec dijo que se necesitaban. En junio, el Proyecto Puente Aéreo llegaría a su fin sin fanfarrias.
Al principio de la pandemia, al menos desde el punto de vista de Baystate Health, lo que la respuesta del gobierno logró crear fue una búsqueda desesperada de recursos. En este tipo de caos, los ciudadanos de a pie tenían pocas posibilidades, por lo que Keroack se puso en contacto con el representante Neal. Al principio, esto pareció no lograr nada, y Artenstein dejó a los agentes federales y las mascarillas, y se fue a casa. Pero esa noche, al regresar al hospital, se enteró de que el cargamento había sido cargado en los camiones. El representante Neal se las arregló para hablar por teléfono con el departamento de Seguridad Nacional, y dio un mensaje enérgico para liberar los respiradores. Aún así, mientras Salls monitoreaba los envíos en su largo viaje hacia el norte, se ponía nerviosa cada vez que los camiones se detenían a echar gasolina. Las mascarillas finalmente llegaron al almacén vigilado mucho después de la medianoche, y las fotos de los respiradores se compartieron alegremente. En los días siguientes, los tres cuartos restantes de la orden llegaron en bloques y el jefe de personal del representante Neal, Tranghese quedó encargado de hacer pasar cada porción por la aduana. Pero el calvario de Baystate estaba lejos de haber terminado.
Muchos en la industria de la salud abogaron para que el presidente hiciera uso de la Ley de Producción de Defensa (DPA, por su sigla en inglés), que permite al presidente ejercer control sobre la fabricación nacional durante las emergencias nacionales. Pero durante semanas, en la fase inicial de la pandemia, el gobierno se resistió a invocar la DPA. Eventualmente, a mediados de abril, comenzó a hacer un uso limitado de la ley, al ordenar a compañías como 3M, el mayor productor estadounidense restante de N95s, que incrementaran la producción de respiradores en Estados Unidos. (Al principio de la pandemia, la empresa ya había tomado muchas de las medidas para ampliar la producción que el gobierno ordenaría más tarde). Nunca asumiría un papel principal en la distribución de equipos de protección personal a nivel nacional, sino que dirigiría el suministro sobre todo a los puntos críticos y dejaría el resto al mercado.
Una razón clave para el enfoque de no intervención del gobierno fue ideológica. “Nuestro papel es ser capaces de desplegar activos y recursos en zonas que tienen un aumento inusual de la demanda con base en cosas como covid o huracanes”, y no para satisfacer “las necesidades diarias”, dijo un alto funcionario del gobierno que ayudó a dirigir la respuesta de equipos de protección personal, que pidió el anonimato para poder hablar con franqueza. El contralmirante John Polowczyk, quien finalmente se hizo cargo de la respuesta de la cadena de suministro de equipos de protección personal, la describió como “ejecutada localmente, administrada por los estados y apoyada federalmente”, lo que significaba que los sistemas de salud serían en gran medida responsables de asegurar sus propias provisiones en el mercado, siendo los estados los primeros en intervenir durante las emergencias y el gobierno federal el último. No es sorprendente que esta decisión haya sido influenciada por la filosofía política. (Por el contrario, la campaña de Biden decía que, de ganar las elecciones, esencialmente nacionalizaría la cadena de suministro de equipos de protección personal y nombraría a un “comandante de suministro” para supervisar la distribución). Pero la decisión del gobierno de Trump de eludir la responsabilidad puede haber tenido elementos estratégicos también, como explicó a Politico un funcionario: “No importa lo bien que lo hayas hecho, también sabíamos que nunca iba a ser considerado lo suficientemente bueno”.
Lo extraño de este aparente enfoque de laissez-faire es que la escasez de equipos de protección personal le dio al gobierno una oportunidad perfecta para cumplir su promesa de campaña “Estados Unidos primero”, de devolver los trabajos de manufactura a Estados Unidos. En la primavera y el verano, Peter Navarro, asistente del presidente, director de su Oficina de Política de Comercio y de Manufactura y defensor desde hace mucho tiempo detraer de regreso los empleos de fabricación desde China, ayudó a plantear la respuesta de equipos de protección personal. “Esta fue una oportunidad para asegurarnos de que la producción estaba en nuestro territorio y para romper nuestra peligrosa dependencia de fuentes extranjeras de equipos de protección personal”, dijo en una entrevista en octubre. Fue un importante cambio de estrategia, pero también uno que había llegado demasiado tarde para ayudar a Baystate y a otros a superar el caos inicial. Para entonces, el acuerdo sobre la importancia de hacer local la cadena de suministro de equipos de protección personal se había convertido en bipartidista, y la campaña de Biden pedía medidas similares.
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