La Fiscalía ha remitido al Tribunal Supremo informe sobre las veinte querellas interpuestas contra los miembros del Gobierno por la gestión de la crisis derivada de la pandemia por COVID-19 en la informa en contra de su admisión a trámite, según ha podido sabe La Vanguardia de fuentes fiscales.
El informe, que cuenta con una extensión de 309 folios, subrayar “la manifiesta indeterminación de los hechos atribuidos al presidente y demás integrantes del Gobierno de España”. A su juicio, la responsabilidad criminal se les atribuye de una “forma difusa y genérica, no por su concreta intervención en unos hechos delimitados y claramente precisados”, sino en atención al cargo que ocupaban al momento de desatarse la situación de crisis sanitaria generada por el coronavirus SARS-CoV-2.
Se opone al criterio de los querellantes por hacer responsable a Sánchez y el resto de miembros del Consejo de Ministros sólo por su cargo. ”El querellante se limita a atribuir a los integrantes del Gobierno una genérica obligación de velar por la vida e integridad de toda la ciudadanía, así como de responder por las muertes y lesiones sufridas por todos aquellos y aquellas que han padecido la enfermedad de COVID-19, con total independencia de los términos en que el contagio se produjera y de la asistencia sanitaria recibida”, explica sobre una de las querellas.
Rechaza la responsabilidad por el cargo
A su entender, los querellantes “se limitan a manifestar su discrepancia con la actuación política desarrollada por los querellados, no aportando elemento objetivo alguno que permita conectar las diversas muertes y resultados lesivos acaecidos a causa de la crisis sanitaria desatada por la enfermedad COVID-19 con la actuación desarrollada por los querellados, y mucho menos con la infracción de los deberes inherentes a su cargo”.
Según fuentes fiscales, el informe va firmado por el teniente fiscal, Luis Navajas quien pide la inadmisión de todas las querellas y solicita al alto tribunal que las acumule y que las resuelva todas en una única resolución.
Eso sí, también pide que sólo estudie aquellos casos en los que está afectados miembros del Gobierno de Pedro Sánchez al encontrarse aforados ante el Supremo, y que deje fuera aquellos cargos que no tengan esta protección. Este último caso afectaría al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.
Según la Fiscalía, todas las querellas han sido objeto de tratamiento individualizado, en función de los hechos denunciados y los delitos atribuidos, tales como delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, homicidios y lesiones imprudentes, prevaricación administrativa y omisión del deber de socorro.
Los querellantes son el partido político VOX, asociaciones como la Asociación de Abogados Cristianos, Asociación HazteOir.org, Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Asociación de Médicos Titulados Superiores, Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF), Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Asociación Terra Sos-Tenible, así como diversos particulares, además de un colectivo de 3268 personas.
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