La polémica decisión de un juez argentino, que la semana pasada ordenó que un hospital privado de Buenos Aires tratara a un paciente de covid con dióxido de cloro, ha causado inquietud en la comunidad médica y científica del país. El hombre infectado, de 92 años, falleció este lunes, pocas horas después de que un neurocirujano externo a la clínica le suministrara la sustancia, considerada tóxica por la comunidad científica mundial y no autorizada como medicamento por las autoridades sanitarias argentinas.
Comunicados de rechazo
La comunidad médica y científica del país denuncia la injerencia judicial
El hospital porteño se negó a cumplir con la orden judicial, producto de la demanda interpuesta por la familia, y fue finalmente el médico particular que había recetado el tratamiento quien se lo administró, después de que el mismo juez le habilitara para ejercer en el centro sanitario.
A pesar de que el enfermo falleció, los familiares anunciaron este martes una demanda por homicidio contra la clínica por no obedecer al juez, pues consideran que el fallecimiento no se debió al dióxido de cloro ni al coronavirus, sino a una infección intrahospitalaria y a la tardaza en el suministro de la sustancia.
Mientras que el hospital sostiene que el enfermo empeoró tras recibir el producto por vía intravenosa, el abogado de la familia, Martín Sarubbi, afirmó que el tratamiento con dióxido de cloro fue “efectivo” y produjo “una notable mejora en el paciente en cuanto a la afección concreta del covid; por ejemplo, comenzó a saturar correctamente alrededor del 98% y las secreciones propias del covid mejoraron drásticamente”.
El hospital dice que empeoró
La familia asegura que el enfermo mejoró con el dióxido de cloro
Los especialistas no solo desaconsejan el dióxido de cloro –con una composición emparentada con la lejía– como tratamiento contra el Covid, sino que alertan del daño que su ingesta puede causar al cuerpo.
Un total de 45 sociedades médicas, científicas y organizaciones sociales argentinas suscribieron este martes un comunicado donde expresaron su “preocupación” por “la injerencia del poder judicial en un tema médico-científico” y repudiaron “el accionar de aquellos profesionales de la salud que alientan estas medidas y no miden el daño de sus actos”, en referencia al médico que recetó el controvertido producto.
En otro comunicado, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) manifiestó que “la justicia no debe obligar a los médicos a indicar un producto o una medicación que no tiene el respaldo científico y que no está autorizada por los entes de regulación nacionales e internacionales, ni respaldada por las sociedades científicas nacionales e internacionales”. La entidad deja bien claro que “una de las bases de la práctica médica es no hacer daño al paciente”.
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