El matrimonio igualitario ya existe en todo el país, pero el derecho al aborto voluntario aún no es un hecho en la legislación de 21 estados. ¿Por qué no se despenaliza el aborto voluntario en estos estados, a pesar de que la Suprema Corte resolvió que es inconstitucional criminalizarlo y llamó a reformar las leyes que todavía lo consideran un delito?
De acuerdo con Adriana Jiménez Patlán, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias, en la asociación civil feminista Equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia, solo se debe a “cuestiones políticas, porque desde hace bastante tiempo la sociedad está preparada para estos avances, lo hemos visto en las calles y en las redes sociales”.
“Tiene qué ver también con las disputas que se dan en los congresos con los distintos grupos políticos, que aún siendo de izquierda o identificándose de izquierda, no quieren avanzar”, en el reconocimiento del derecho al aborto, señaló Adriana Jiménez en entrevista.
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A pesar de las resistencias de algunas bancadas y “partidos políticos antiderechos” -que no defienden los derechos sexuales y reproductivos-, en los congresos donde se han presentado iniciativas para despenalizar el aborto y “han hecho intentos de no avanzar”, la defensora de derechos humanos confía en que con la fuerza del movimiento masivo de mujeres la despenalización del aborto se logre pronto en los estados que faltan.
“Sí o sí en algún momento, todo el país va a tener la interrupción legal del embarazo, esperemos que no se tarde tanto. La clase política tiene que visualizar que es una de las peticiones de las mujeres para comprometerse con sus derechos”, señaló la también directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (ddeser).
La experta en derechos de las mujeres considera que cada vez más se va desestigmatizando el aborto. “Las mujeres jóvenes se identifican con el pañuelo verde, lo ponen en sus brazos, en las mochilas y se habla mucho más del tema. Nosotras queremos abonar, desde la sociedad civil, en decir que el aborto es solo un evento más en la vida reproductiva de las mujeres”.
Quintana Roo, estado número 11 en reconocer el aborto legal
Después de la despenalización del aborto en el entonces Distrito Federal, en el año 2007, tuvieron que pasar 12 años para que Oaxaca se convirtiera en el segundo estado en sumarse a la lista de estados que reconoce el aborto legal hasta la semana 12 de gestación, en 2019.
A partir de 2021, gracias a la incidencia social y política de más colectivas de mujeres, activistas, feministas jóvenes, del movimiento de los derechos sexuales y reproductivos, de la marea verde y mujeres legisladoras comprometidas, “hemos ido bastante rápido estos últimos años, ahora ya un tercio de México tiene despenalizado el aborto”, indicó Adriana Jiménez.
El pasado 26 de octubre, el congreso de Quintana Roo aprobó la despenalización del aborto, con él suman 11 estados del país que reconocen el aborto legal hasta la semana 12 de gestación.
“La fuerza que han mostrado las activistas y las organizaciones locales ha sido crucial para lograr (la despenalización), que se tome en cuenta como uno de los puntos principales en la agenda política”, nos dijo Melissa Ayala, coordinadora de litigio en la organización feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Para Adriana Jiménez la reforma para despenalizar el aborto en Quintana Roo también fue resultado del impulso que dieron por más de una década las colectivas y feministas; además del avance de las fuerzas políticas de la izquierda y de la llegada de la primera gobernadora al estado – Mara Lezama, quien asumió su cargo el 22 de septiembre de 2022-.
Pero como nos explicó la feminista Ninde MolRe, coordinadora de incidencia de la colectiva AbortistasMx, el congreso de Quintana Roo eliminó la causal violación en la misma reforma con que despenalizó el aborto y que la gobernadora publicó en el Periódico Oficial del estado, el 28 de octubre.
“La iniciativa de reforma propuesta por Morena para despenalizar el aborto, hasta la semana 12.6 de gestación, sí contemplaba la causal violación. Al parecer, en un acuerdo de comisiones, bastante opaco, se cambió la iniciativa que conocimos y se eliminó la causal violación”, nos relató Ninde MolRe.
“Esto es un gravísimo retroceso y violación a los derechos humanos de las víctimas de violencia sexual. Nos toca insistir a la gobernadora para que solicite al congreso de Quintana Roo que se deje la causal violación en el Código Penal”, advirtió Ninde MolRe a través de sus redes sociales, desde el 27 de octubre pasado.
Así, diversas colectivas exigen que el Código Penal del estado se adecúe a la disposición de la Norma Oficial Mexicana 046, que establece: “en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación”.
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Aborto legal y sin simulaciones en Michoacán, exigen colectivas
“Michoacán es un claro ejemplo de cómo las resistencias políticas pueden llegar a obstruir este derecho”, señaló Melissa Ayala.
Esto porque el pasado 19 de octubre, el congreso de Michoacán iba a discutir una propuesta sobre aborto de una diputada priista, pero finalmente no se discutió, ya que las colectivas feministas del estado advirtieron que la propuesta mantenía la criminalización del aborto voluntario.
Asimismo, este proyecto era solo una simulación porque también fortalecía el estigma hacia las mujeres que abortan con el castigo de “ingresar a un programa de educación sexual, enfocado en prevención y planificación familiar, con atención especializada psicológica y terapéutica”, explicó la colectiva Red Asaleas en sus redes sociales.
“Pedimos que nuestras leyes se armonicen con lo que la Suprema Corte ya estableció, sería lo mínimo que esperaríamos”, nos compartió Osmayra Loeza, acompañante psicosocial e integrante de Red Asaleas.
Además, nos dijo, las colectivas hacen una llamado a que “la construcción de las iniciativas (para despenalizar el aborto) pudiera ser en conjunto con las colectivas y con las feministas que estamos acompañando los procesos”.
“El aborto se tiene que entender como un servicio de salud y hacia allá estamos caminando. El objetivo es paulatinamente sacarlo por completo de los códigos penales locales y del Código Penal federal”, explicó Melissa Ayala.
En las últimas semanas, legisladores del Estado de México y Puebla han comenzado a mover el tema en la agenda legislativa, nos compartió Ninde MolRe. De igual forma, Melissa Ayala y Adriana Jiménez coincidieron en que el tema de la despenalización está latente en varios estados.
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Amparos contra la criminalización del aborto
Melisa Ayala nos expuso que las organizaciones feministas identificaron “que en aquellos estados en donde hay resistencias legislativas va a ser complicado que avance (la despenalización) por esas vías”.
Por lo que en conjunto con alrededor de 20 organizaciones civiles en todo el país, GIRE impulsó una estrategia jurídica vía amparos contra los artículos de los códigos penales locales y del Código Penal federal que aún consideran el aborto como un crimen.
El objetivo es que dichos artículos se declaren inconstitucionales y “obligar al legislativo a reformar y a acatar lo que ya han dicho las y los ministros de la Corte señalando que la criminalización absoluta del aborto voluntario y consentido es inconstitucional”.
Además, puntualizó, a pesar de la sentencia de la Suprema Corte de hace más de un año, los intentos por criminalizar a las mujeres y personas gestantes continúan. En los últimos meses, GIRE ha acompañado a alrededor de diez casos de este tipo en varios estados.
Por lo que, nos dijo Ayala, las personas que estén sufriendo intentos de criminalización pueden acudir a GIRE para ser acompañadas legalmente y “cualquier organización que quiera unirse a la estrategia de amparos es bienvenida”.
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