Caracas. A sus 64 años de edad, un plomero y electricista de Catia, barrio del oeste de Caracas, era el sostén de su familia. Incluso con el aumento sostenido de casos de COVID-19 en Venezuela, tomaba todos los trabajos que le salieran. “El hambre no espera”, solía decir el señor. De repente le apareció una tos seca que le impedía hablar. Tenía cansancio, malestar en el cuerpo, fiebre, diarrea y un dolor de cabeza difícil de describir. Al cabo de siete días, murió, como confirmaron sus familiares a Crónica.Uno con la condición de anonimato.
Cuando el pecho apretado lo asfixiaba, su esposa y su nuera recorrieron Caracas con él en un carro prestado para encontrarle cupo en algún hospital. Trataron de hacerle la prueba para tener la certeza de que era COVID-19, pero en los cinco centros de salud públicos que visitaron carecían de exámenes. Tampoco había cupos de hospitalización y las emergencias estaban saturadas. La familia no tenía ahorros y menos seguro médico. Así que al plomero no le quedó otro remedio que volver a su casa, donde empeoró rápidamente.
Una médica de un Centro de Diagnóstico Integral (CDI), una instalación sanitaria perteneciente al programa Misión Barrio Adentro creado por el fallecido presidente Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro, lo visitó en casa. Allí, según sus parientes, le recomendó un tratamiento con oxígeno y remdesivir, uno de los medicamentos más recetados en Venezuela para tratar el virus, más allá de que no esté probada su eficacia para ello. El oxígeno, sin embargo, fue lo único que los parientes del enfermo pudieron conseguir: cada unidad de la medicina costaba 100 dólares y eso les resultaba impagable. Debieron conformarse entonces con ofrecerle analgésicos comunes e infusiones de té de jengibre que les recomendaron en una tienda naturista. Pasaron apenas 72 horas hasta que una madrugada, a la 1:20 a. m., la esposa despertó sobresaltada en su cama con un sonido que pareció al mismo tiempo un quejido y un grito. Se levantó y encontró a su marido sin vida en el suelo. El acta de defunción dice que murió de un paro respiratorio, una de las causas de muerte más comunes asociadas al coronavirus. “Cuando se llevaron el cuerpo vino una médica a la casa. Como nunca le hicieron la prueba, ella me dijo que murió de un paro respiratorio con sospecha de COVID-19”, contó.
La muerte del plomero de Catia está lejos de ser excepcional. Relatos semejantes se han multiplicado en las últimas semanas con el agravamiento de la segunda ola de coronavirus en el país. Testimonios recogidos por Crónica.Uno reflejan que, ante la falta de cupos hospitalarios, adultos mayores de sectores populares y rurales han encarado cuadros confirmados o compatibles de coronavirus en casa, e incluso han muerto en sus hogares tras el agravamiento de su condición de salud.
Muchos de ellos, como el plomero, sobrevivían con sus pensiones o trabajaban en la calle pese a los riesgos; recurrieron a la automedicación, incluso con guarapos, como una forma de paliar lo que no podían enfrentar de otro modo; o debieron escoger entre comer y garantizarse algún tipo de tratamiento médico. Así lo retrataron las versiones de parientes de víctimas, líderes comunitarios, médicos, sacerdotes y activistas sociales consultados para este trabajo.
En las últimas ocho semanas, la pandemia dio un salto. Según datos oficiales, la cifra diaria de infectados supera el millar, un promedio que es más del doble de lo que se registró, por ejemplo, en enero pasado. El pico ha empujado las estadísticas del gobierno de Nicolás Maduro, que desde marzo de 2020 hasta el 10 de junio de 2021 ha reportado 2.781 muertes y 247.847 contagios. Son números que han sido cuestionados por instituciones como la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman), que menciona la existencia de un subregistro, entre otras razones, por los reducidos índices de realización de pruebas diagnósticas (PCR), que ubican a Venezuela debajo de los promedios internacionales y regionales. Según los académicos, las defunciones podrían ser hasta cinco veces más que las admitidas oficialmente.
Los datos oficiales, sin embargo, confirman una proporción que se ha repetido en otros países con el nuevo virus: más de 61 % de los fallecidos tenían edades superiores a los 60 años. En el caso venezolano, la población de adultos mayores, calculada en 4,5 millones de personas, es especialmente vulnerable. Sobreviven con pensiones individuales de tres dólares mensuales en medio de una hiperinflación que llega a su cuarto año consecutivo y en un país donde 96 % de los hogares vive en pobreza de ingresos, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello, y que atraviesa una emergencia humanitaria compleja documentada por organismos internacionales como Naciones Unidas.
Todo ello bajo la incertidumbre sobre cuándo serán cubiertos por un plan de vacunación. Maduro anunció en noviembre de 2020 que para enero se recibirían 10 millones de vacunas, pero hasta el 24 de mayo apenas habían llegado al país 2,6 millones, según datos ofrecidos por sus voceros. En una primera etapa el registro para vacunarse se manejó a través del Sistema Patria, lo que ha sido denunciado como discriminatorio para aquellos adultos mayores que no tenían el llamado Carnet de la Patria, documento obligatorio para la inscripción. Desde el pasado 30 de mayo el Ministerio de Salud de Maduro habilitó otra plataforma y abrió una nueva etapa de registros que ha transmitido la sensación de que comenzó a mejorar la cobertura y de que hay mayor amplitud en la entrega de citas, aunque los especialistas observan con escepticismo los avances.
Para obtener una opinión sobre las estrategias de atención y progresos en la vacunación de la población de adultos mayores, se pidió una entrevista a algún vocero autorizado del Ministerio de Salud de Maduro el pasado 26 de abril, pero al cierre de este trabajo no fue concedida.
A pesar del tardío inicio de la jornada de vacunación a la población de la tercera edad, el Gobierno aseguró en todo momento que los adultos mayores serían inmunizados. “¡Abuelos y abuelas! Reciban en su día el más grande de los abrazos y reconocimientos. Cuentan ustedes con una revolución que les garantiza protección, incluso en medio de esta dura batalla contra la pandemia. Pido que su bendición nunca le falte a la familia. ¡Dios los bendiga!”, dijo Maduro el pasado 29 de mayo, cuando se celebraba justamente el Día del Adulto Mayor.
Encerrados y enfermos
Activistas que recorren los sectores populares de Caracas y de otras zonas del país han palpado la escala del fenómeno de los adultos mayores que enferman en sus casas y eventualmente desarrollan cuadros graves o mueren.
Un estudiante de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que pidió resguardo de su nombre, y forma parte de un proyecto que brinda asesoría médica en casa a adultos mayores con síntomas sospechosos de COVID-19 en la parte alta de la populosa parroquia La Vega, reveló que tienen contabilizado a 340 personas de tercera edad con enfermedades de base y vulnerables al virus. Muchos son atendidos de manera improvisada en sus casas por médicos cubanos, quienes les dan un combo con aspirinas, vitaminas C y D y un antiparasitario cuyo uso no es recomendado en la mayoría de los países, aunque se ha recetado ampliamente en Venezuela como una fórmula de combate. “Esto no es recomendable para pacientes que tienen, por ejemplo, patologías de base relacionadas con el aparato vascular, porque si le mandas a tomar anticoagulantes les puede provocar un ACV hemorrágico en poco tiempo. Si no mueren por la COVID-19, los mata una mala indicación”, alertó.
Así como la Escuela de Medicina de UCV, hay otras organizaciones que se activaron para ayudar a la población de la tercera edad ante la segunda ola. Una de ellas es la Fundación Ayuda de Vida Venezuela (Funavive), dirigida por Isabel Pérez. Su organización realizó un censo en los municipios Sucre y Libertador del estado Miranda y Caracas, respectivamente, y entre los 969 adultos mayores registrados hay 144 adultos con posibles síntomas de COVID-19 que no tienen recursos para costear el tratamiento. “Son abuelos que viven en Santa Eduvigis, avenida El Rosario, José Félix Ribas, Caucagüita, La Dolorita del municipio Sucre, y en Antímano y El Valle del municipio Libertador. Están sobreviviendo con la pensión que cobran que, por supuesto, no les alcanza ni para medio kilo de queso”, explicó.
En Catia, en el oeste de Caracas y una de las zonas más populares de la ciudad, también hay alarmas. El profesor y líder comunitario Ángel Cacique está preocupado por la cantidad de adultos mayores enfermos y de los que hasta ahora se sabe que han fallecido por COVID-19, porque muchos ocultan la enfermedad por temor al estigma social y al rechazo. Solo en su calle, Altavista, conoce seis casos de ancianos que murieron en sus hogares con sintomatología de coronavirus: aseguró que todos dieron positivo a las pruebas rápidas.
“El médico que atiende en esta zona cobra 40 dólares por consulta y pocos pueden pagarlos. Muchos son atendidos para estabilizarlos en un CDI, les hacen las pruebas rápidas y les dan Carvativir”, resaltó al referirse al medicamento que la administración de Maduro ha descrito como milagroso y como una alternativa para curar el coronavirus, más allá de las críticas por la falta de evidencias sobre su efectividad.
Luis Francisco Cabezas, director de la organización no gubernamental dedicada al trabajo con adultos mayores Convite, aseguró que tan solo en el último mes saben de alrededor de 15 adultos mayores que han fallecido en zonas populares y rurales, bajo sospecha de tener el virus, pero con la imposibilidad de realizarse las pruebas para descartarla. “Las personas mayores mueren en sus casas por no tener cómo desplazarse a los centros de salud y por temor a ser aislados, y las familias en muchos casos no tienen las capacidades económicas que supone tener a alguien hospitalizado así sea en un hospital público. En Barlovento se presentaron varios casos en zonas rurales y caseríos, como San Fernando Rey y Tacarigua de La Laguna, sitios en los que se les hizo imposible acudir a un hospital o un CDI”, explicó. Estas son apenas pinceladas de un cuadro que se agravó con la llegada de la nueva ola de la pandemia en los últimos dos meses.
Sin vacunas para viejitas y viejitos
Una vecina de Antímano, en el oeste capitalino, perdió a su tía de 70 años y a su suegra, de 86 años, por unas “gripes” cuyos síntomas fueron diagnosticados como compatibles con COVID-19 por un médico que las visitó en sus casas, tras no encontrar cupo en hospital El Algodonal —uno de los 46 centros centinelas priorizados para atender pacientes con coronavirus—, cerca de sus residencias. Estos son apenas dos casos de personas de tercera edad que no tuvieron oportunidad de recibir su vacuna a tiempo para evitar el contagio. “La vacuna llegó tarde, perdí a un familiar mayor que pudo recibir su dosis a tiempo, y eso quizás habría ayudado a que el virus no actuara tan rápido en su organismo y llegara a tales circunstancias”, contó con impotencia una vecina de La Pastora.
A pesar de que las personas de la tercera edad han sido priorizadas en casi todos los países del mundo para recibir antes que nadie las vacunas contra la COVID-19, en Venezuela no ha sucedido de esa manera. Las primeras dosis de las vacunas rusas Sputnik V que llegaron en febrero de este año fueron usadas para que los miembros del gobierno de Maduro —empezando por él mismo y sus familiares— se vacunaran.
Ello fue motivo de quejas en redes sociales y protestas frente al Ministerio de Salud, en las que se reclamaba por un plan de vacunación con énfasis en los sectores vulnerables en días cuando la pandemia mostraba su peor rostro en el país. Sin embargo, aun cuando la vacunación para adultos mayores y personas con enfermedades crónicas avanza con tropiezos en todo el país, el Gobierno todavía no ha cumplido con un reclamo básico de academias, especialistas y gremios: la publicación de un plan de vacunación transparente.
La Federación Médica Venezolana (FMV) calcula que a la fecha solo 0,8 % de la población venezolana ha sido vacunada, lo que implica un porcentaje exiguo de personas de la tercera edad. Carlos Alvarado, ministro de Salud de Maduro, informó el pasado 8 de abril que, como parte de una nueva etapa de vacunación, las dosis que llegaron al país serían destinadas a los adultos mayores de 60 años “con más de una comorbilidad” y que incluirían a las personas que están “institucionalizadas en centros de atención para adultos mayores” y distribuidas a través del Sistema Patria, un mecanismo oficial controlado por el Gobierno para ofrecer bonos y ayudas sociales especialmente a sus partidarios.
En la comunicación sin respuesta que Crónica.Uno envió al Ministerio de Salud el pasado 26 de abril, se le consultó si el uso del Sistema Patria era el mecanismo más idóneo para convocar una vacunación masiva de adultos mayores. La no tenencia del Carnet de la Patria, una acreditación percibida como un recurso para el proselitismo y control político de los seguidores de Maduro, implicaba la exclusión automática de la posibilidad de inscribirse. Una segunda variable era la necesidad de la conexión a internet, de la que no gozan muchos adultos mayores que ni siquiera se enteran del llamado a recibir su dosis.
A partir de la última semana de mayo, sin embargo, el gobierno habilitó un mecanismo a través de la página web del Ministerio de Salud para que los adultos mayores y pacientes con enfermedades de riesgo se registren en el portal, se les asigne una cita y los datos —fecha, hora y lugar— les sean enviados en un mensaje de texto que les llegue a sus celulares y puedan recibir la primera dosis de la vacuna. El sistema funciona de manera dispar en todo el país. Algunos usuarios se han quejado en redes sociales de la desorganización, aglomeraciones, problemas para acceder a la web y la desinformación; mientras que otros han acudido a jornadas organizadas en las que se respeta la distancia física y garantizan hasta la hidratación de los adultos mayores.
Infusiones caseras y decidir si comer o no
La imposibilidad de costearse tratamientos con precios siderales ha empujado a adultos mayores con síntomas compatibles con la COVID-19 a tomar té e infusiones naturales como si se tratara de un resfriado común. Lo hacen por falta de alternativas o a veces convencidos de que es una buena opción.
“El jengibre es bueno para la gripe y el malestar, por eso siempre tomo esas infusiones y me siento protegida”, dijo una vecina de José Félix Ribas, en Petare. A un habitante de la populosa parroquia de Coche le aconsejaron darle gárgaras de bicarbonato de sodio con vinagre a su padre cuando cayó enfermo de coronavirus, también que le diera de beber té de canela, diente de león, hojas de menta, ajo, así como vasos de agua con limón. Pero la medicina natural apenas alivió en algo la tos seca del señor y no sirvió de nada para tratar los síntomas del coronavirus.
Recurrir a las alternativas naturistas, sin embargo, implica riesgos concretos, porque pueden ser potencialmente dañinas para quien las recibe. Patricia Valenzuela, médica infectóloga y miembro directivo de la Sociedad Venezolana de Infectología, de hecho teme por la proliferación de la automedicación y por las hospitalizaciones improvisadas en domicilios particulares: “Hay casos que se llevan sin ningún criterio médico, con un alto riesgo para el paciente y su familia”. Incluso en la administración del oxígeno, Valenzuela recomendó prudencia y asesoría médica, porque puede tener efecto inverso al esperado si no se aplica en las concentraciones correctas. No hacerlo supone que puede disminuir el oxígeno en la sangre y los órganos más importantes del organismo. “Para que este suministro sea efectivo se requieren en promedio más de 10 litros por minuto y ningún equipo en un domicilio lo puede garantizar”, advirtió la especialista. El que logra acceder a oxígeno en su residencia, sin embargo, no deja de tener un servicio caro que tiene un clímax de demanda en el país.
Los costes que supone la búsqueda de insumos y medicamentos también han empujado a los adultos mayores a decisiones difíciles. Una vecina de Carapita, en el oeste de Caracas, se enfrentó al dilema de comprar comida o medicamentos cuando su exsuegra, de 86 años, presentó tos y agotamiento: “Los médicos te dicen que tienes que comer bien, comer muchas proteínas, y luego te mandan una batería de medicinas que…¡guao!, te dices ¿a qué le doy prioridad?”. Su familiar murió siete días después, con temblores y problemas para respirar, mientras la trasladaban a un hospital.
La falta de alimentos expone aún más a las personas de tercera edad a la enfermedad, porque se debilita su sistema inmunológico. De acuerdo con datos de la ONG Convite, tres de cada cinco adultos mayores se acuestan regularmente con hambre, y uno de cada 10 se acuesta todas las noches con hambre. “Las morbilidades de adultos mayores son generalmente diabetes e hipertensión, y si a eso le sumas que te alimentas mal y no tomas medicamentos, entonces hay una tormenta perfecta. Todo eso los hace vulnerables al virus. Muchos están comiendo arroz, pasta y tubérculos; es un riesgo latente”, alertó Cabezas.
El gobierno de Maduro ha insistido en que promueve “la protección integral de los adultos mayores” y otorga bonos especiales a través del Sistema Patria, en el cual están registrados 4,5 millones de adultos mayores de 60 años, y les vende las cajas de alimentos otorgadas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) que carecen, en su mayoría, de proteínas, según denuncias de usuarios. Pero la pobreza en la que viven sumidos los adultos mayores los somete a privaciones en su vejez. Con inmensas dificultades para desplazarse y encontrar cupos en los hospitales y apenas en el inicio de un plan de vacunación poco transparente y desorganizado, si contraen la COVID-19 se resignan a esperar cualquier desenlace en sus casas, y alivian los dolores con los medicamentos a los que puedan acceder según sus bolsillos y sus redes de ayuda.
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