El dictamen señala que para planificar el procedimiento de contratación, la UOC del IPS con las áreas técnicas pasaron por alto en su análisis de ‘‘menor costo de inversión vs. un servicio de calidad’’ para justificar la tercerización, que la misma posee actualmente un contrato suscrito con el consorcio Meprotec, lo cual implica ‘‘una erogación del IPS ya comprometida por un monto mínimo de G. 236.580.375.000 y un máximo de G. 473.160.750.000, previsto para el Hospital de Especialidades Quirúrgicas (HEQ) Ingavi. La vigencia de este contrato es de 122 meses”.
Destaca que ‘‘… el ente Previsional no contó que en lugar de tener contrataciones como las mencionadas precedentemente, invirtiera en máquinas propias, además de ofrecer servicios de calidad a sus asegurados, evitaría erogaciones futuras innecesarias en detrimento de su patrimonio’’.
La Contraloría llega a esta conclusión con base en el cálculo estimativo final de inversión para compra de máquinas, que según IPS, resulta ser superior al del llamado a licitación. Unos G. 39.196.000.000 vs. G. 10.950.000.000, pero el contrato suscrito con Meprotec “implica una erogación del IPS ya comprometida’’ por un monto mínimo de G. 236.580.375.000 contra un máximo de G. 473.160.750.000 para el Hospital de Especialidades Quirúrgicas. ‘‘La vigencia de este contrato es de 122 meses (10 años). De esta manera, la comparación sería: G. 484.110.750.000 vs. G. 39.196.000.000, lo cual se podrá eventualmente considerar como un daño al patrimonio del ente previsional. El dictamen sostiene además que esta tercerización bajo la modalidad de contrato abierto implica una erogación para el Hospital Central como el Hospital de Especialidades Quirúrgicas porque en caso de no ejecutarse la cantidad mínima de prestaciones en ambos contratos, el IPS estaría obligado a abonar de todas maneras lo correspondiente al monto mínimo de ambos contratos, ‘’situación que ocasionaría un doble gasto y a su vez constituiría una erogación innecesaria y un perjuicio patrimonial al IPS’’.
RESPONSABILIDADES
La Contraloría General recomienda al IPS suspender la Licitación Pública Nacional N°70-20 Contratación de servicios tercerizados para la realización de estudios de resonancia magnética para así considerar la posibilidad de optar por la inversión de máquinas propias.
Si esto resulta inviable, el organismo de control sugiere realizar un estudio de factibilidad a los efectos de considerar que, a través de adendas, conforme a las normas establecidas en la Ley 2051/03 “Contrataciones Públicas”, se agregue el servicio de resonancia magnética que requiera sedación para evitar erogaciones mayores al patrimonio de la institución.
En cuanto a las responsabilidades, en caso de que se apruebe la tercerización sea aprobada por el Consejo de Administración del IPS, y se hará bajo exclusiva responsabilidad de los convocantes que deben prever que en caso de surgir irregularidades se tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias para deslindar responsabilidades.
Recuerdan que en toda planificación del procedimiento de contratación, la UOC del IPS con las áreas técnicas deben realizar los estudios y análisis de acuerdo con las necesidades y conforme a normativas de Contrataciones.
DESPILFARRO
La Asociación Médica del Instituto de Previsión Social (Amips) viene denunciando hace tiempo los daños al patrimonio de la Previsional por medio de las tercerizaciones.
A través de sus redes sociales, la asociación de médicos lamentó que en un año político se insista con despilfarros en el Instituto de Previsión Social.
Amips solicitó a las autoridades médicas y administrativas del IPS la adquisición de una máquina de resonancia magnética para dejar de contratar servicios externos.
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