Con motivo del Da de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, la Federacin Salud Mental Regin de Murcia, como entidad integrada en la Confederacin Salud Mental España, denuncia las situaciones de violencia que, de forma habitual, sufren las personas con trastorno mental en la atencin sanitaria. Una de las vulneraciones de derechos ms frecuentes, es el uso de medidas coercitivas, tales como las contenciones mecnicas, una prctica considerada tortura por la ONU y que puede suponer para la persona que la sufre tanto consecuencias psicolgicas (trauma), como fsicas (hematomas, fracturas, atrofia muscular), pudiendo llegar incluso en ocasiones a provocar la muerte.
Jonathan Yuste, representante de la federacin murciana en el Comit Pro Salud Mental En Primera Persona de Salud Mental España, explica as su experiencia: “Me agredieron. Fue durante un ingreso hospitalario por la seguridad privada. Primero me redujeron, siendo el ingreso voluntario, para sedarme y recurrir a contenciones mecnicas, cuando me sub solo a la camilla. El segundo motivo, llamar a gritos a los familiares que me pudieron visitar durante 5 minutos a planta, cuando recin se haban ido. Resultado de ello: llamada del psiquiatra a seguridad, con la denigrante situacin de reduccin violenta y anclaje a la cama de la planta del hospital donde yo, por suerte, anduve solamente 30/40 minutos, pero un compañero llevaba das pegado a su cama en la habitacin contigua”.
Enrique Gonzlez, presidente de la Federacin Salud Mental Canarias, relata as su experiencia con las contenciones mecnicas en un centro hospitalario: «Aunque yo nunca he estado enterrado vivo, considero que es una experiencia similar. La inmovilidad de todas mis extremidades y mi tronco sobre una camilla, me provoca unas sensaciones de angustia y ansiedad insoportables, y cuando ms agitado estoy, ms dolorosa es la experiencia”. Sus palabras podran resultar sorprendentes si no fuera porque, por desgracia, suponen el da a da de muchas personas con problemas de salud mental que se enfrentan a la vulneracin mltiple y sistemtica de sus derechos durante los ingresos involuntarios.
“Soy un paciente psiquitrico, as que cuando ingreso en urgencias, llaman a seguridad para que est presente mientras me desvisto para ponerme el pijama del hospital”, relata Enrique. “Tardo ms de lo que debo en terminar de desabrocharme la camisa, y el personal no da tiempo, ni medio minuto, y me reducen entre las dos personas de seguridad y los cinco auxiliares y enfermeros que han llamado previamente para presenciar cmo me desnudo en un habitculo de dos metros cuadrados. Me colocan en la camilla que ya haban preparado de antemano con las correas. Soy un paciente psiquitrico, con una urgencia mdica y tengo mucho miedo de lo que me est sucediendo, no entiendo por qu no me han cuidado desde que llegu al hospital, por qu no est mi familia conmigo, y estoy en shock. Un shock que no tena antes de ingresar”.
La ONU denuncia el uso de prcticas coercitivas
“No puede haber buena salud mental sin derechos humanos”. Con esta claridad expone el Informe del Relator Especial de la ONU, publicado en abril de 2020, la actual situacin en este mbito. El informe señala que “sigue habiendo una inaccin mundial respecto del `statu quo para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos en los sistemas de atencin de la salud mental. Este mantenimiento del `statu quo refuerza un crculo vicioso de discriminacin, desempoderamiento, coercin, exclusin social e injusticia”.
Esta reclamacin no es nueva. Ya en el anterior Informe del Relator Especial, publicado en 2017, se recomendaba “elaborar una hoja de ruta para reducir radicalmente las prcticas mdicas coercitivas, con miras a su eliminacin, con la participacin de diversas partes interesadas, incluidos los titulares de derechos”. En esta lnea, el Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en salud mental de 2019, que cada año publica la Confederacin, afirma que “hay que reiterar la aspiracin de tender a la contencin cero y a la progresiva reduccin de los ingresos no voluntarios en pro de otras medidas ms eficaces y en consonancia con los derechos humanos”.
Uno de los ejemplos ms conocidos es el caso de Andreas, una psicloga social a la que, tras varias semanas de peregrinaje por centros de atencin primaria con sntomas fsicos (fiebre, acfenos y fuertes dolores de cabeza), el Hospital Universitario Central de Asturias le diagnostic errneamente un problema de salud mental. Lo que comenz como un ingreso voluntario en la planta de Psiquiatra se convirti en forzoso y, tras 75 horas contenida mecnicamente, Andreas falleci debido a una meningitis que no fue detectada a tiempo. Su hermana Aitana contina en el proceso judicial para que, como ella misma manifiesta, “se haga justicia”, y en este camino cuenta con el apoyo del Comit Pro Salud Mental en Primera Persona de la Confederacin.
Una legislacin que no se cumple
La Confederacin es una de las firmantes del Manifiesto de Cartagena, al que tambin estn adheridas la Asociacin Española de Neuropsiquiatra (AEN), la Federacin ‘En Primera Persona’ y la asociacin Veus. En l, se aboga por erradicar el uso de contenciones mecnicas, aislamiento o cualquier otra forma de coaccin, en lnea con lo que dispone la Convencin sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y recuerda que Naciones Unidas lo considera tortura.
“¿Cmo es posible que ocurra eso en nuestro tiempo, que no se escuche a quienes sufren la violencia de prcticas y tratos inadecuados? Por la desidia de muchos”, opina Jos Leal, miembro del Consejo Consultivo de Salud Mental España. “Estoy seguro de que pocos profesionales no sienten repugnancia cuando acceden a dichas prcticas, pero un exceso de adaptacin a la institucin les lleva muy prontamente a aceptarlas, cuando no a justificarlas. El fin no puede justificar los medios, y menos cuando estos se acercan a lo cruel, si no es que caen en ello. Nadie puede desear tales violencias para s ni para los suyos”.
Para Leal, el motivo de que se sigan empleando estas prcticas es que “sigue habiendo mucho miedo a la libertad y la autonoma, y demasiado arraigo del estigma de la violencia y el descontrol atribuidos a las personas con problemas de salud mental”. Adems, “dañan el vnculo teraputico y casi hace imposible su continuidad desde la posicin de horizontalidad y autonoma” porque “la coercin no es teraputica y hiere la dignidad”.
Entre las alternativas, Leal menciona el desarrollo de equipos comunitarios que atiendan las crisis, el incremento de recursos profesionales y modificacin de los espacios para hacerlos menos hostiles, implementar apoyos a los y las profesionales para que se impliquen en nuevas prcticas alejadas de las relaciones de poder, y reconocer el saber de las personas con experiencia propia y su entorno para aportar a la planificacin de servicios.
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