Preocupa el inmenso gasto económico en el que ha incurrido la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para defenderse en procesos judiciales, ante denuncias interpuestas por pacientes inconformes a quienes no se les autorizó la prescripción de determinados medicamentos por estar éstos, fuera de la lista oficial que tiene la institución (LOM), los que, dicho sea de paso, fueron solicitados por los médicos especialistas tratantes pero que no tienen ni voz ni voto en la decisión que toma la institución para negárselos a los asegurados.
Una disparidad de criterios suele presentarse entre los médicos tratantes directos y el Comité Central de Farmacoterapia (CCF), -ente asesor asignado por la CCSS- cuyo criterio técnico termina siendo la resolución definitiva en términos de aprobaciones o rechazos.
Vale recordar que el criterio médico deriva del acto de atención directa entre el médico y su paciente, por lo cual, éste debiera ser respetado y respaldado por la institución que representa y en la cual labora.
El CCF está constituido por asesores que están al margen del manejo y la evolución de los pacientes atendidos en los diferentes centros de salud, por lo cual, considero que, delegarle a este comité la función de emitir una resolución definitiva en cuanto a la aprobación o no de un medicamento no incluido en la LOM, y que ha sido prescrito por el médico o los médicos especialistas tratantes, podría promover la judicialización de la salud y el consecuente costo económico y afectación de su salud financiera.
La prescripción médica debe ser libre, no condicionada a una lista de medicamentos, la cual lamentablemente, no está actualizada con el surgimiento de nueva y reciente evidencia científica en medicamentos de última generación que sean más convenientes para la buena acción terapéutica de los pacientes.
Sería entonces interesante pensar en un escenario donde exista una apertura al diálogo en esta materia, con la posterior instauración conjunta de protocolos, acerca del manejo de las diferentes patologías médicas y que, esos lineamientos puedan estar en armonía, primeramente, con el derecho constitucional a la salud, y luego, con la farmacoeconomía. O bien, que se garantice un equilibrio entre la conciencia económica de nuestro sistema de seguridad social universal, que a su vez, proteja al paciente del desarrollo de una percepción de que su enfermedad o condición de salud está siendo comprometida.
Especialista en Medicina Interna e Infectología
Miembro Junta Directiva SINAME
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