Barrantes, uno de varios funcionarios investigados por los millonarios contratos que la institución firmó (y en algunos casos pagó) a proveedores que no cumplieron o lo hicieron con equipo de uso no médico.
Fue cuestionado por la compra de ¢88 millones para la dotación de 316.000 mascarillas médicas desechables a la chatarrera Metales Tosha IP S.A. y otras 700 mil mascarillas de uso no médico una empresa que se dedica a la limpieza de jardines, charrales y vías públicas por un monto de $1.11 millones.
A estas adjudicaciones se le suman la compra de 12 millones de mascarillas quirúrgicas a la empresa MR Comunicaciones Políticas de la periodista española Miren Martínez y David Landergren por un monto total de $4 millones.
Estos dos últimos proveedores fueron cuestionados por su falta de experiencia y el incumplimiento de requisitos básicos como la presentación de certificado de calidad y documentos en español.
La Caja realizó el pago por adelantado de $1.3 millones a la empresa MR Comunicaciones Políticas por productos que no cumplieron las especificaciones técnicas .
Barrantes argumentó que éstas compras surgieron a raíz de retrasos en la entrega de equipos y debido a la urgencia de atender las necesidades de hospitales y clínicas.
En el caso de las compras a la chatarrera señaló que este contó con el aval de la Contraloría General de la República (CGR).
Debido a lo anterior, los diputados de la Comisión acordaron llamar a rendir cuentas a Jorge Durán Rodríguez, presidente de Metales Tosha IP S.A.; y al gerente comercial de Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A., Adrián Herrera Ramos, por estas millonarias ventas de mascarillas a la CCSS.
Dicho foro legislativo investiga, desde agosto, presuntas irregularidades en varias compras directas de mascarillas y respiradores KN-95; esos dispositivos son necesarios para reducir el riesgo de contagio de la covid-19 entre enfermeras y médicos de clínicas y hospitales.
Para la diputada Shirley Díaz, es un «relajo» que sigan ocurriendo irregularidades en un tema tan serio y de tanta importancia para el país y para el resguardo del personal de salud.
La socialcristiana sentenció que es una barbaridad que en media pandemia estemos con los ojos puestos en compras irregulares para el personal de salud, que día a día se juegan la vida combatiendo el Covid-19.
«Seguiremos en la indagatoria y esperamos llegar a sentar las responsabilidades de estos casos, que día con día, nos sorprenden aún más», aseguró.
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