El denominado “insumos chinos” es el mayor caso de corrupción en compras públicas en el marco de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del coronavirus.
En concreto, el Ministerio de Salud Pública había entregado a las apuradas un contrato de G. 85.000 millones a las firmas Insumos Médicos SA (Imedic SA) y Eurotec SA, ambas propiedad de Justo Ferreira, Roque Dagogliano y Carlos Borrel.
Las numerosas irregularidades empujaron a que un grupo de diputados y hasta el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, presentaran denuncias ante el Ministerio Público.
El caso quedó en manos del fiscal Osmar Legal que suma actuaciones cuanto menos llamativas que favorecen al clan Ferreira.
Desde el inicio
Si bien la denuncia de Mazzoleni tenía como hecho principal al evidente intento de estafa por adulteración de las especificaciones técnicas de las mascarillas quirúrgicas, el Ministerio Público solamente imputó por un hecho de contrabando de 50 camas hospitalarias, que ni siquiera estaba entre los puntos denunciados.
Según informes enviados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Comisión Especial de Supervisión de Compras-covid 19 (CESC) y la Contraloría General de la República, el ingreso de camas de forma irregular fue el menor de los males del citado proceso de compras estatales.
A pesar de contar con estos datos y pruebas contundentes, el equipo de Fiscales liderado por Osmar Legal solamente imputó por el contrabando de 50 camas hospitalarias. A la fecha, la Dirección Nacional de Aduanas confirmó que se trató de un contrabando. Si bien se trata de un hecho sumamente grave, es llamativo que el Ministerio Público haya descartado el hecho principal denunciado, que claramente configura tentativa acabada de estafa.
El clan Ferreira entregó al Ministerio de Salud Pública tapabocas que fueron introducidos al país con tres marcas diferentes y que al llegar al Parque Sanitario tenían una marca unificada. Además, las cajas originales señalaban que las mascarillas no eran aptas para uso médico, a pesar de que este era uno de los principales requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación.
Como intento de justificación, Legal dijo en su momento que aguardaban un informe del fabricante de dichos elementos, ya que, según su criterio, la víctima del hecho sería el fabricante. Esta posición es absurda ya que la víctima claramente es el Estado paraguayo, por el hecho punible de tentativa de estafa, que estuvo a punto de recibir y pagar por miles de mascarillas con especificaciones técnicas adulteradas.
Además, el clan Ferreira entregó trajes de protección que no cumplían con el nivel de protección requerido.
Por otra parte, las firmas recibieron un millonario adelanto de G. 18.000 millones que no estaba previsto inicialmente en el pliego de bases y condiciones de la licitación.
Informe de Seprelad cajoneado
Fuentes a las que tuvo acceso ABC Color sostienen que desde el mes de junio, la Fiscalía General del Estado y el propio Osmar Legal cuentan con un informe proporcionado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que sugiere la apertura de una investigación penal por el hecho punible de lavado de dinero que involucra a las empresas del Clan Ferreira.
El documento hablaría de los vínculos entre más de 30 empresas, todas ligadas al clan Ferreira.
El informe técnico de Seprelad también haría referencia al llamativo incremento de los movimientos de dinero de los socios de Ferreira, Borrel y Dagogliano, que afrontan procesos penales por supuesta estafa.
Este informe está cajoneado, y no se ha abierto investigación fiscal alguna sobre estos hechos.
Favorecidos con arresto domiciliario
Otro hecho llamativo del proceso fue el accionar del fiscal Omar Legal al momento de solicitar las medidas contra Justo Ferreira y su hija, Patricia Ferreira, ambos imputados en el caso.
En contra de las prácticas habituales y de forma sugestiva, dicho integrante del Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Justo y Patricia Ferreira, pero no ordenó la detención preventiva de esos imputados. Ello permitió que los empresarios presentaran una serie de chicanas para trabar el proceso.
Gracias a que Legal no solicitó la detención de los imputados, la defensa de los mismos planteó un incidente de nulidad de la imputación, reposición y apelación en subsidio contra la admisión de la imputación y fijación de la audiencia de medidas, recurriendo en todos los casos hasta la CSJ. Mediante estos movimientos, nunca se pudo estudiar el requerimiento de prisión preventiva.
Luego de pasar varios meses, con el expediente ya fuera del radar de la prensa, la semana pasada los mismos imputados que todo el tiempo evadieron la audiencia de imposición de medidas solicitaron voluntariamente al Juzgado de Garantías que se fije la audiencia que tanto tiempo impidieron que sea realizada.
Llamativamente, aquello ocurrió cuando el juez original de la causa, Humberto Otazú, había salido de permiso y le interinaba el magistrado Mirko Valinotti.
Valinotti fijó inmediatamente la audiencia y concedió a los imputados la medida de arresto domiciliario, en contra del requerimiento fiscal de prisión preventiva. Curiosamente, el fiscal Legal no presentó apelación
JEM sigue sin intervenir
Hasta el momento, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sigue en silencio sobre llamativas actuaciones del fiscal Osmar Legal en el caso de los “insumos chinos”.
El órgano extrapoder sesionará en la fecha.
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