El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sigue en silencio sobre llamativas actuaciones del fiscal Osmar Legal en el caso de los “insumos chinos”. No presentó apelación contra la medida que favoreció al clan Ferreira.
El fiscal Osmar Legal no presentó apelación alguna contra la medida de arresto domiciliario con la que el juez interino Mirko Valino-
tti favoreció a Justo Ferreira y a su hija Patricia Ferreira, en el marco de los denominados “insumos chinos” que las empresas Eurotec SA e Insumos Médicos SA (Imedic SA) entregaron al Ministerio de Salud Pública.
Esa falta de diligencia de Legal de no apelar la decisión judicial se suma a una serie de llamativas actitudes asumidas por el fiscal a lo largo del proceso y que, coincidentemente, siempre terminaron favoreciendo al Clan Ferreira.
Sin imputación
Otro hecho no menos importante, y que también sirvió para favorecer a los Ferreira, es que el fiscal Legal no imputó por tentativa de estafa por la adulteración de marcas de las mascarillas quirúrgicas, que fue lo principal que fue denunciado por el ministro Julio Mazzoleni, sino que solamente por el contrabando de 50 camas hospitalarias, con lo cual baja sustancialmente la gravedad del hecho imputable.
Según informes enviados a Contrataciones Públicas, la Comisión Especial de Supervisión de Compras-covid 19 (CESC) y la Contraloría General de la República, el ingreso de camas de forma irregular fue el menor de los males del citado proceso de compras estatales.
El clan Ferreira entregó al Ministerio de Salud Pública tapabocas que fueron introducidos al país con tres marcas diferentes y que al llegar al Parque Sanitario tenían una marca unificada. Además, las cajas originales señalaban que las mascarillas no eran aptas para uso médico.
Como intento de justificación, Legal dijo en su momento que aguardaban un informe del fabricante de dichos elementos, ya que, según su criterio, la víctima del hecho sería el fabricante. Esta posición es absurda ya que la víctima claramente es el Estado paraguayo, por el hecho punible de tentativa de estafa, que estuvo a punto de recibir y pagar por miles de mascarillas con especificaciones técnicas adulteradas.
Hasta la fecha el fiscal Legal no formuló imputación por el hecho principal relacionado a las mascarillas adulteradas, a pesar de tener sobrados elementos para ello. Tampoco inició una investigación por la comisión del supuesto delito de lavado de dinero, a pesar de contar con un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) con evidencia contundente al respecto.
Más actuaciones
En contra de las prácticas habituales y de forma sugestiva, dicho integrante del Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Justo y Patricia Ferreira, pero no ordenó la detención preventiva de esos imputados. Ello permitió que los empresarios presentaran una serie de chicanas para trabar el proceso.
Luego de pasar varios meses, con el expediente ya fuera del radar de la prensa, la semana pasada los mismos imputados que todo el tiempo evadieron la audiencia de imposición de medidas solicitaron voluntariamente al Juzgado de Garantías que se fije la audiencia que tanto tiempo impidieron que sea realizada.
Llamativamente, aquello ocurrió cuando el juez original de la causa, Humberto Otazú, había salido de permiso y le interinaba el magistrado Mirko Valinotti.
Valinotti fijó inmediatamente la audiencia y concedió a los imputados la medida de arresto domiciliario, en contra del requerimiento fiscal de prisión preventiva.
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