La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, señaló esta mañana que «hay mucha documentación que ratifica» la denuncia que hizo el Gobierno al expresidente Mauricio Macri y otros exfuncionarios por el contrabando de armamento represivo a Bolivia. Esta semana hubo importantes definiciones que complican el escenario para los acusados y envalentona a la Casa Rosada a ir contra sus antecesores.
«Está comprobado que la partida de armamento anti tumulto que compró Patricia Bullrich para el G20 es el que apareció en Bolivia», manifestó la funcionaria nacional en declaraciones a ‘Crónica Anunciada’ por FutuRock. Este planteo fue emitido a la Justicia a través de un escrito donde indican que el lote de cartuchos antitumulto que se detectó en Bolivia «fue adquirido» por la entonces ministra de Seguridad en noviembre de 2018 a la empresa Fabricaciones Militares.
No obstante señaló que «no saben donde están» las 40 mil municiones que fueron agradecidas por el Comodante de la Fuerza Aérea de Bolivia al embajador argentino en el país vecino y las 3 mil que se habrían destinado a la Policía boliviana. «No estaban declaradas», precisó Frederic y subrayó que «no hay manera que el material bélico enviado a Bolivia haya salido de forma legal».
«En el manifiesto de carga la Fuerza Aérea no consigna las 70 mil municiones, los gases y spray que luego fueron desviados», amplió. Asimismo, aseveró que esto se basa «en un fax que le envía el Jefe de Alacrán -escuadrón de Gendarmería- al Jefe de la Fuerza Área Argentina donde se dice que se va a ampliar la carga de armamento» y señala el mismo número de armas que no se declararon. «Esta nota no llevó copia a nadie y se envió por su sistema que no circula por el sistema de tramitación de expedientes», expuso.
Por otro lado, manifestó que «no cree» que el comandante de Gendarmería, Adolfo Caliba, haya sido el único encargado de liderar y supervisar la operación del envió de armamento a través del Hércules C-13 que partió desde El Palomar rumbo a Bolivia el 12 de noviembre de 2019 tras la autorización del entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad. Hasta el momento, son 4 los gendarmes que fueron pasados a disponibilidad.
La Justicia investiga el envío de armamento que se realizó a Bolivia y sus posibles implicancias con el golpe de Estado a Evo Morales. El cargamento declarado contenía 70.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; y 52 granadas de gas HC.
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