(CRHoy.com) El Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae) y la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) fustigaron a las autoridades del gobierno por la forma en la que han manejado el aumento de contagios de COVID-19 en los centros hospitalarios.
Para Jorge Ugalde, vocero de Sinae, los funcionarios de Salud no cuentan con la protección adecuada ante la alta contagiosidad de la nueva variante del coronavirus, lo que ha promovido que los casos e incapacidades se disparen entre los funcionarios de salud.
“Ómicron es una variante altamente contagiosa, que requiere de protección personal especial como los respiradores N95, esta es una de las principales armas que puede utilizar el personal de salud, pero el ministro hizo modificaciones a decretos de salud que permitía a la institucionalidad utilizar cualquier tipo de mascarilla. Se está usando mascarilla quirúrgica que solo protege un 2%, en vez de un respirador que protege un 95%”, comentó.
Ese señalamiento también fue reforzado por Undeca, desde donde piden al gobierno apegarse a criterios como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) sobre la necesidad de protocolos e insumos que garanticen la protección de los empleados de la salud en la atención de la pandemia.
“Desde el sindicato creemos que no ha habido todavía una política tendiente el darle a todos los trabajadores una mascarilla N95 que le garantice esa salud ocupacional. No se puede esconder que, si no hay suficientes equipos de protección y si no hay condiciones ocupacionales, hay una incidencia también en la calidad de la prestación de los servicios”, dijo Martha Rodríguez, vocera de Undeca.
Según Rodríguez, sería más barato que las autoridades inviertan en equipos de protección adecuados y así no sufragar las elevadas incapacidades por contagios COVID-19 entre el personal.
Suben incapacidades
La menor severidad de la nueva cepa, reduce la posibilidad de un internamiento, al menos así se evidencia en la experiencia de otros países por la ola de ómicron. Sin embargo, eso se ve complementado por la gran cantidad de incapacidades que se presentan en funcionarios de los centros de atención primaria y de los hospitales.
Según información de los sindicatos durante enero de 2021 se recopilaron más de 800 incapacidades. Mientras que, los datos oficiales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) arrojan que entre diciembre del año pasado y hasta el corte del 25 de enero de 2022, se han incapacitado 21.581 funcionarios por distintos diagnósticos, de ellos, el 31% fue producto del contagio de COVID-19.
Además del impacto en la prestación de los servicios, los sindicatos han identificado una recarga en las labores de sus afiliados, ya que aseguran que no se están supliendo a los profesionales.
“La afectación es grande. Hay servicios donde no se cuenta con la cantidad de personal necesaria para soportar el aumento desproporcionado de casos, esto se vuelve agotador. Se necesita la intervención de las autoridades correspondientes porque no podemos seguir permitiendo eso en el personal. Ya están agotados”, acotó Ugalde.
Para la representante de Undeca, el problema es que muchas veces el funcionario que se incapacita no tiene remplazo y eso “es una situación preocupante porque en momentos cuando se necesita más a los funcionarios de salud en óptimas condiciones, es cuando ha habido muchos más contagios”.
En ese sentido, la Caja manifestó que la oferta de profesionales en medicina ha bajado con respecto a la demanda y no es tan sencillo disponer de los recursos necesarios en todo momento, como se quisiera.
Centros de salud como el hospital Max Peralta, sufren el impacto de las incapacidades en el personal. Alicia Juncos Moyano, jefa de Emergencias aseguró que han tenido que “trabajar con menos personas y reducir los consultorios disponibles en ciertos periodos de tiempo”.
Caja defiende equipos de protección
Tras consultas de CRHoy.com, las autoridades de la CCSS defendieron el equipo de protección que usa su personal en la atención de la pandemia.
Según la Caja, a nivel institucional se cuenta con las mascarillas quirúrgicas de 3 capas para los procesos de atención a pacientes en áreas NO COVID específicamente cuando estos no se exponen a procedimientos generadores de aerosoles.
También cuentan con los respiradores N95 o equivalentes cuando hay procedimientos con exposición a generación de aerosoles, adicionalmente aplican un lineamiento institucional para el uso del equipo de protección que toma en consideración el riesgo de exposición al COVID-19.
“La institución proporciona los equipos de protección que cumplen con las características técnicas avaladas por los encargados de compras del nivel central de institución para la protección de los funcionarios a nivel nacional, pero es responsabilidad de los mismos el uso adecuado para evitar el contagio de acuerdo al manual antes mencionado, además de la aplicación de las normas establecidas y ampliamente conocidas por todos desde el inicio de la pandemia como son el lavado de manos, distanciamiento, aplicación de protocolos de estornudo y tos y limpieza de superficie”, explicó Jorge Chaverri Murillo, médico infectólogo del hospital Calderón Guardia.
Chaverri agregó que, “cuando el personal de salud se encuentre sin el uso de la mascarilla que cubra nariz y boca simultáneamente por ejemplo cuando hay lavado de dientes, en espacios de descanso, en consumo de alimentos, el riesgo de contagio aumenta independientemente del tipo de mascarilla que tenga a disposición”.
Critican medidas
Tanto Undeca como Sinae cuestionaron las medidas sanitarias interpuestas por el gobierno, debido a que “no han sido suficientes para detener los contagios, más bien vemos una escalada y eso tendría un impacto en el servicio”.
“El gobierno bajó la guardia. Si la variante ómicron es más contagiosa y los funcionarios no tiene el equipo de protección adecuado, estamos contagiando a nuestro personal. No estamos quedando sin personal”, agregó el vocero de Undeca.
El ministro de Salud, Daniel Salas, justificó las medidas aplicadas por la menor severidad de la variante ómicron y por el avance de la vacunación.
“Esta ola pandémica tiene sus características particulares (…) todo eso se sopesa en el sentido de que ya hemos transitado por 2 años de pandemia. La variante ómicron no ha provocado esa aceleración en la presión hospitalaria”, dijo Salas.
Los sindicatos piden al gobierno atender las necesidades de los trabajadores de la salud en medio de la ola pandémica por la variante ómicron.
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