Investigadores de la Universidad de Chile, liderados por la Dra. Adela Montero, identificaron algunos obstáculos para la implementación de la Ley de Aborto Voluntario (IVE), a partir de tres razones.
Entre los obstáculos identificados se encuentran la desinformación tanto de los colectivos de salud como de las mujeres, así como la negativa de armas por parte de algunas instituciones. También creen que la interpretación de la ley es incorrecta y que el estigma social es alto.
Para presentar propuestas para mejorar la implementación de esta normativa, la Dra. Montero trabaja en el proyecto Fondecyt: “Presentaciones de actores sociales relacionadas con los principales obstáculos de la Ley 21 030 que despenaliza la interrupción del embarazo por tres causas en Chile”.
Corresponde a un estudio cualitativo realizado entre 2021 y 2023, en el que se entrevistó a 71 integrantes del equipo de salud de 12 instituciones públicas, cuatro privadas y dos civiles, entre ellas obstetras, parteras, trabajadoras sociales, psicólogas y pacientes. El 70% de la muestra fueron mujeres.
Además, cabe señalar que esta encuesta se basa en cifras proporcionadas por el Departamento de Salud: entre enero de 2018 y septiembre de 2022, solo se registraron 3.772 casos, menos de la estimación anual de 2.550.
Según la Dra. Montero, la razón es que existe un estigma y mucha desinformación sobre el derecho de las mujeres embarazadas a acceder y tomar decisiones con seguridad. En ese sentido, recomienda “una mayor vigilancia encaminada a conocer lo que sucede en los establecimientos de salud públicos y privados, mejorar la formación de los equipos y fortalecer las campañas que permitan a los vecinos conocer la ley”, señala.
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